Una nueva lucha contra el fraude

El fraude empresarial y administrativo es uno de los mayores temores de los trabajadores de la comunidad europea, pues de comprobarse la existencia de este son muchos los empleos que quedan en riego de forma inmediata por la posibilidad de cierre de la empresa debido a las acciones legales que se emprendan contra ella.

Si agregamos que son muchas las formas en que se puede incurrir en algún tipo de fraude, es lógico que desde hace un tiempo se esté trabajando en medidas que den una alternativa tanto a las víctimas del hecho como a los trabajadores que sufren el riesgo de quedar sin empleo.

Por desgracia hay un tipo de fraude contra el que se lucha en nuestro país, e irónicamente son los entes responsables de defendernos de estos actos quienes los cometen. La administración española es una de las más acusadas de fraude contra sus trabajadores. ¿Por qué?

Un modelo deplorable que sigue utilizándose

Muchos trabajadores públicos en España reciben acuerdos de contratación que están categorizados como ilegales o fraudulentos por parte de la comunidad internacional, y por desgracia para quienes sufren este abuso, estos entes no se apegan a las medidas que aplican sobre otras empresas o compañías.

Esto se debe a que por regla general se trata de esconder el problema aplicando medidas que resultan igual o más ilegales que las anteriores pues violan los derechos que toda persona tiene a disfrutar de seguridad y estabilidad laboral.

Pero ¿no disfrutan de un trabajo ya? ¿Cómo es que se mantiene la incertidumbre? Porque estas prácticas, que incluyen constantes renovaciones de contratos temporales, faltas de pago por las plazas ocupadas y falta de reconocimiento a décadas de labor es algo habitual y que vulnera el derecho a una carrera profesional estable.

No será una labor sencilla, pues incluso los sindicatos españoles permanecen callados frente a esta situación. Pero el éxito de esta odisea dejara un precedente legal en la defensa de los derechos elementales de los trabajadores públicos que cambiara la forma de ver y tratar estos casos frente a organismos gubernamentales que se creen exentos del cumplimiento de la ley.